Escraches, ¿sí o no?

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Desde hace algún tiempo se ha introducido en la agenda pública la palabra «escrache», un término que quiere definir la acción de protestar en la puerta de la casa de algún político. Se trata de un tipo de acción directa, alejada de las vías tradicionales, que pretende señalar de manera pública a aquellos a quienes creen responsables de ciertas injusticias. Dicho movimiento social ha cobrado importancia después de que la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca (PAH) lo haya tomado como una de sus señas de identidad.

Esta vía de acción ha traído consigo mucha polémica, y ha puesto de relieve la necesidad de debatir cuál es el límite entre manifestación y coacción. Las críticas hacia los ciudadanos que escrachan no han tardado en aparecer. Es el caso de María Dolores de Cospedal, quien, bajo mi punto de vista, se ha pasado de la raya refiriéndose a ellos como “nazismo puro y duro”. Por su parte, la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha resaltado la importancia de distinguir entre la vida pública y la vida privada, atribuyendo el domicilio de alguien a esta última parcela. Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo, lo deja claro: es imposible definir de manera general el escrache como ilegal puesto que, en la medida en que no exista violencia, resulta una variante de uno de nuestros derechos fundamentales contemplados en la Constitución. El de manifestación.

Otros se posicionan en contra de los escraches porque opinan que están dirigidos hacia las personas equivocadas. No obstante, si los miembros del Gobierno no tienen la responsabilidad de la situación actual, ¿quién la tiene? En el I Seminario de Comunicación Política e Institucional de Alicante Consuelo Sánchez-Vicente expresó su rechazo hacia los escraches definiéndolos de manera general como violentos; y se quejó de que los medios lo suavizaran llamándolos de esa manera cuando, en realidad, debían ser calificados como lo que eran: coacción. No obstante, ningún miembro del Gobierno actual debería olvidarse de que, en una situación como la actual, tan lejos de lo normal, los métodos tampoco son normales. No deberían olvidarse de que Mariano Rajoy no solamente debe rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados (cosa que, en la práctica, tampoco hace), sino también ante los que, en último término, han conformado con su voto la línea del Parlamento: los ciudadanos. Calificar a este tipo de manifestaciones como totalitarias o fascistas cuando ellos aprueban Decretos a golpe de mayoría absoluta y sin consultar con el resto de la voces representadas es, cuando menos, gracioso.

Con un presidente del Gobierno ausente y las vías tradicionales de rendición de cuentas completamente bloqueadas, comienza a surgir una necesidad de buscar otras ventanas de oportunidad que se alejen de las clásicas. Herramientas de acción colectiva con las que lograr un efecto real.

Entonces, ¿sí o no? ¿Son los escraches una forma inadmisible de coacción que busca violentar el voto y aumentar la tensión? O, por el contrario, y ante el miedo de que esta olla a presión estalle, ¿intenta el Gobierno criminalizar a la sociedad?

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